La división administrativa del país se organiza en torno a 24 departamentos (departamentos) y una provincia constitucional. Estas entidades son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Callao.
El sistema político se define como una república constitucional, dirigida por un presidente de la República elegido por sufragio universal para un mandato de cinco años. Este último asume el doble papel de jefe de Estado y de Gobierno, teniendo a su cargo la aplicación de las leyes, la defensa nacional y la diplomacia internacional. Por su parte, el poder legislativo recae en un Congreso unicameral, cuyos miembros también son elegidos por un mandato de cinco años.
La historia política moderna del país sigue a múltiples períodos de gobiernos militares, dando paso a una democracia estabilizada a finales del siglo XX. Esta estabilidad se apoya en particular en la constitución de 1993, adoptada bajo la administración de Alberto Fujimori. A pesar de los recientes tumultos y ciertos escándalos de corrupción que involucran a figuras como Alan García Pérez, las elecciones se celebran regularmente y las instituciones democráticas se han consolidado, ofreciendo al Perú una relativa estabilidad en comparación con otras naciones sudamericanas.
A nivel territorial, un amplio proceso de descentralización ha otorgado a los departamentos una mayor autonomía para la gestión de los asuntos locales. Cada departamento es administrado por un gobernador elegido por sufragio directo, apoyado por un consejo regional. Sin embargo, Lima, como gobierno central, conserva una influencia predominante, dirigiendo de manera exclusiva la política exterior, las finanzas públicas y la defensa.
A escala internacional, la diplomacia peruana es muy activa en el seno de instituciones importantes como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU. El país ha destacado especialmente por su papel pacificador en la región, resolviendo definitivamente sus disputas fronterizas mediante grandes negociaciones, como fue el caso con Ecuador durante la década de 1990.
Desde principios de la década de 1990, la economía del Perú inició una profunda transición hacia el libre mercado. Esta apertura se materializó a través de importantes olas de privatizaciones, que afectaron a sectores clave como las telecomunicaciones y la industria minera. Este último sector es vital: el país obtiene una inmensa parte de sus ingresos de exportación de su riqueza en recursos naturales, principalmente el oro, la plata y el cobre.
Sin embargo, el camino hacia esta prosperidad ha sido complejo. En la década de 1980, el Perú atravesó una crisis devastadora marcada por una hiperinflación galopante, que culminó a una tasa vertiginosa de más del 7.000 % en 1988. El endeudamiento externo se disparó entonces, y la decisión del gobierno de suspender el pago de la deuda en 1985 provocó una ruptura abrupta de las relaciones con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI.
La situación no se saneó hasta la llegada al poder de Alberto Fujimori en 1990, con la implementación de un programa de austeridad extremadamente riguroso. Estas reformas estructurales, junto con una nueva política monetaria, permitieron acabar con la inflación y restaurar la confianza de los inversores extranjeros. Los resultados fueron espectaculares: el crecimiento repuntó al 6 % en 1993, y luego al 8,6 % en 1994.
A pesar de esta increíble resiliencia, la economía nacional sigue estructuralmente expuesta a las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas (encabezadas por el cobre). Además, se ve cíclicamente debilitada por factores climáticos extremos. El fenómeno El Niño, por ejemplo, desencadena regularmente importantes inundaciones y sequías severas que paralizan sectores enteros de la agricultura y de la industria pesquera costera.
Para mitigar esta dependencia, el Perú ha diversificado masivamente sus actividades en las últimas dos décadas. La agroindustria, los servicios financieros y sobre todo el turismo se han convertido en verdaderos motores. Con su patrimonio único, que incluye joyas históricas como Machu Picchu, el país atrae cada año a millones de visitantes, lo que constituye una de las mayores fuentes de divisas.
Aunque fue duramente golpeada por la recesión y el aumento del desempleo vinculados a la pandemia de COVID-19 en 2020, la economía peruana demostró su solidez. Las reformas de años anteriores favorecieron una rápida recuperación a partir de 2021, allanando el camino para previsiones de crecimiento muy positivas para el futuro.
Para satisfacer las necesidades de más de 33 millones de habitantes distribuidos en un territorio de geografía extrema, la red de transportes peruana es extensa pero a veces desigual en términos de calidad. De los cerca de 70.000 kilómetros de carreteras que tiene el país, gran parte sufre de mal estado, particularmente en las regiones rurales andinas.
La principal puerta de entrada al país es el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en Lima, que actúa como un importante centro de conexiones que sirve al resto de América Latina, Europa y Estados Unidos. El transporte aéreo interno está respaldado por aerolíneas nacionales regulares (como AeroPeru y Latam), que ofrecen una red esencial a pesar de las tasas aeroportuarias que pueden resultar altas.
La red de autobuses sigue siendo el medio de transporte preferido para conectar las regiones remotas. Sin embargo, se recomienda precaución en los viajes nocturnos, que a veces conllevan riesgos de asaltos en ciertas carreteras aisladas.
La red ferroviaria, aunque muy limitada geográficamente, se encuentra entre las más espectaculares del mundo. La mítica línea turística que serpentea desde Cusco hasta Aguas Calientes (la puerta a Machu Picchu) es el ejemplo perfecto. Sin embargo, el entorno de alta montaña somete estas vías a frecuentes interrupciones causadas por deslizamientos de tierra o malas condiciones climáticas.
En el este del país, en la vasta región amazónica, las vías terrestres dan paso casi por completo al transporte fluvial. La Amazonía peruana cuenta con 8.600 kilómetros de vías navegables que son verdaderas arterias vitales. Los barcos-taxi aseguran conexiones indispensables para unir a las comunidades aisladas con los centros urbanos enclavados en la selva, como Iquitos y Pucallpa.
Finalmente, en la costa, la economía internacional se sustenta en una red de puertos principales que incluye Callao, Chimbote, Ilo, Iquitos (puerto fluvial), Matarani y Paita. La exportación de la producción minera, agrícola y petrolera depende masivamente de estas terminales, orientadas especialmente hacia América del Norte y los mercados asiáticos. El desarrollo y la modernización de estas infraestructuras portuarias siguen siendo una prioridad absoluta para el gobierno a fin de aumentar la competitividad del Perú en el escenario mundial.
